Test Ley 39/2015 Gratis: Procedimiento Administrativo y Plazos

A continuación se muestran 5 preguntas de ejemplo de las 200 disponibles en este test. Pulsa “Comenzar test” arriba para responderlas de forma interactiva.

1. 1Conforme a la Ley 39/2015, ¿qué debe incorporar el expediente administrativo en relación con su contenido documental?

   • A) Un índice numerado de todos los documentos que lo componen
   • B) Un resumen ejecutivo elaborado por el instructor del procedimiento
   • C) Una diligencia de foliado sellada por el registro electrónico
   • D) Un informe de integridad documental firmado por el responsable del archivo
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   El art. 70.1 de la Ley 39/2015 (LPAC) exige que el expediente administrativo incorpore un índice de los documentos que lo componen. Este índice cumple una función de ordenación y transparencia, facilitando tanto la gestión interna de la Administración como el acceso de los interesados al expediente, y resultando esencial cuando el expediente deba ser enviado a órganos revisores o jurisdiccionales para la resolución de recursos.

2. 2Acerca del expediente administrativo, señale qué es verdadero:

   • A) Los documentos originales pueden devolverse a petición del interesado
   • B) Los originales solo se devuelven tras la resolución firme del procedimiento
   • C) La devolución requiere autorización del superior jerárquico del instructor
   • D) Los originales quedan siempre en el expediente, incorporándose copia compulsada al interesado
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   Según el art. 70.3 de la Ley 39/2015 (LPAC), los documentos originales incorporados al expediente podrán ser devueltos a los interesados que así lo soliciten, dejando copia compulsada en el expediente.

3. 3¿Cómo pueden acreditar los interesados los actos presuntos por silencio administrativo positivo?

   • A) Por certificado de la Administración (15 días para emitirlo) o cualquier medio de prueba admitido en Derecho
   • B) Únicamente mediante escritura pública otorgada ante notario
   • C) Mediante certificado de la Administración, sin que quepa otro medio de prueba alternativo
   • D) Solo mediante resolución judicial que declare la existencia del acto presunto
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   Según el art. 24.4 de la Ley 39/2015 (LPAC), los actos administrativos producidos por silencio administrativo pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Si se solicita este certificado, la Administración debe emitirlo en el plazo máximo de 15 días.

4. 4Respecto al expediente administrativo regulado en la Ley 39/2015, indique la afirmación correcta:

   • A) Es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución
   • B) Debe formarse en soporte papel y digitalizarse posteriormente para su archivo
   • C) Incluye los borradores, notas internas y opiniones del instructor como parte del expediente
   • D) Su formación corresponde exclusivamente al órgano competente para resolver
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   El art. 70.1 de la Ley 39/2015 (LPAC) define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa. El apartado 4 del mismo artículo excluye expresamente del expediente la información auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, informes internos no preceptivos). El expediente debe tener formato electrónico (art. 70.2 LPAC).

5. 5Según la Ley 39/2015, ¿a quiénes pueden habilitar las Administraciones Públicas para actuar como representantes de los interesados?

   • A) A personas físicas o jurídicas, con carácter general o específico
   • B) Exclusivamente a personas físicas que acrediten titulación jurídica
   • C) Solo a funcionarios públicos habilitados mediante resolución del órgano competente
   • D) A personas físicas o jurídicas, pero únicamente con carácter específico para cada procedimiento
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   El art. 5.7 de la Ley 39/2015 (LPAC) establece que las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Esta habilitación permite que ciertos profesionales o entidades (gestores administrativos, colegios profesionales, etc.) actúen como representantes sin necesidad de acreditar apoderamiento individual en cada procedimiento.